Congreso de Querétaro prioriza unidad y diálogo en reforma judicial local
En mi carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, asumo la responsabilidad de representar no solo a una expresión política, sino a la totalidad de quienes integran este Congreso. Nuestro deber es privilegiar la unidad, el diálogo y la construcción de consensos para conducir con seriedad y compromiso el proceso de reforma judicial local.
Primero. La reforma debe nacer con pleno sustento constitucional. No puede responder a intereses particulares ni a posturas ideológicas, sino a un análisis técnico y jurídico riguroso. Para ello, resulta indispensable escuchar a las Facultades de Derecho de nuestras universidades, así como a la Federación de Colegios de Abogados, al Colegio de Abogados Litigantes y a la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Querétaro. El propósito es garantizar que el nuevo marco normativo esté alineado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y evitar eventuales impugnaciones que comprometan su validez.
Segundo. La armonización con la reforma judicial federal es un principio rector. Si a nivel nacional se estableció la elección de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración del Poder Judicial, el ámbito local debe mantener congruencia con ese modelo. Cualquier adecuación estatal debe representar un avance, nunca una limitación de derechos ni una contradicción al orden constitucional.
Tercero. La experiencia comparada en otras entidades federativas ofrece lecciones valiosas. Analizar los aciertos y dificultades de otros estados permitirá fortalecer nuestro diseño institucional. En este proceso, la participación del Poder Judicial del Estado de Querétaro es fundamental para asegurar que la reforma fortalezca, y no debilite, la impartición de justicia.
Cuarto. Es prudente evitar la inclusión de fechas o plazos rígidos en el texto constitucional local. El contexto nacional apunta a posibles ajustes en materia electoral federal, y diversas autoridades han planteado la necesidad de revisar calendarios para la elección de personas juzgadoras. Remitirnos a lo que determine la Constitución federal nos permitirá actuar con responsabilidad y prevenir futuras modificaciones.
Quinto. Debemos diferenciar claramente la reforma constitucional del proceso electoral que pudiera derivarse de ella. Avanzar en la adecuación del marco jurídico local no depende necesariamente de una fecha específica de elección. La alineación con el modelo nacional brinda certeza; apartarnos de él podría generar riesgos de inconstitucionalidad.
Sexto. Desde ahora debe iniciarse el trabajo en leyes secundarias que otorguen operatividad a la reforma. Estas disposiciones serán clave para su correcta implementación. Por ello, el acompañamiento de universidades, colegios, barras y del propio Poder Judicial será determinante para construir un andamiaje jurídico sólido y funcional.
Finalmente, esta Presidencia mantendrá abiertos los canales de comunicación y coordinación con los tres Poderes del Estado. El compromiso es claro: consolidar un sistema judicial fortalecido, con juezas y jueces capaces, íntegros y legitimados. Reformar la justicia implica asumir una visión de Estado, actuar con responsabilidad institucional y garantizar que el futuro de Querétaro se sustente en el respeto irrestricto a la Constitución.