Grupo Ecológico Sierra Gorda trabaja con la Sedesu para compensar emisiones a la atmósfera

A partir de enero de este año, tres nuevos impuestos entraron en vigor en Querétaro, los cuales han sido denominados “impuestos verdes” o “impuestos ambientales”, mismos que tienen por objetivo que los procesos productivos y económicos reduzcan su impacto al medio ambiente o bien, compensen las emisiones que emiten a la atmósfera.

Son tres impuestos los que fueron implementados, los cuales están enfocados en tres rubros específicos, las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera, la extracción de minerales no metálicos y la generación de residuos de manejo especial.

El Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG) colabora con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) en el impuesto que refiere a la emisión de gases a la atmósfera, el cual es aplicable a los procesos productivos que expulsen directa o indirectamente bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, y otros gases que afecten la calidad del aire, los componentes de la atmósfera y que constituyen gases de efecto invernadero que impactan en deterioro ambiental por provocar calentamiento global.

De acuerdo con el titular de la Sedesu, Marco Antonio del Prete Tercero, a partir de 2020 fue cuando se comenzó con esta medición, estableciendo como referente que en dicho año se emitieron 12 millones de toneladas de CO2 en el estado, por lo que, con la implementación de este impuesto, se busca reducir en al menos 2 millones de toneladas estas emisiones en este 2023.

“Este año es cuando se empezará a observar la reducción, porque es este año cuando se empieza a cobrar el impuesto, cuando se lanza el sello de bajo carbono y que las empresas que estaban generando emisiones tendrán que reducirla. Nuestra meta es este primer año reducir o compensar cerca de dos millones de toneladas”, indicó.

Informó que para que las empresas que son susceptibles a pagar este impuesto, se ha implementado un programa denominado Sello de Bajo Carbono, con el cual, las empresas podrán poner en marcha un proyecto ambiental para tratar de compensar las emisiones de CO2 que emiten a la atmósfera, rubro en el que participa el GESG.

“Hemos estado platicando con prácticamente las 400 empresas que detectamos que generan emisiones directas a la atmósfera, ya hemos tenido acercamiento con ellas constantemente, estamos haciéndoles saber cuáles son los procedimientos para acceder a estos mecanismos de compensación.

El sello se otorga a los proyectos ambientales que estén registrados, tenemos con el Grupo Ecológico Sierra Gorda, cerca de tres mil hectáreas que son susceptibles a otorgárseles en sello”, refirió.
De acuerdo con datos del Grupo Ecológico, los bosques de la Sierra Gorda sólo logran captar cerca de 1 millón de estas emisiones, por lo que a través de estos trabajos, busca compensar, a través de mecanismos locales, la contaminación que actualmente se genera en la entidad.

Salvador Sarabia Rivas, jefe de proyectos forestales del Grupo, explicó que está captación se puede incrementar a través de valorar más los bosques y aumentar el territorio por el que se pagan actualmente los servicios ambientales, pues de las 384 mil hectáreas que conforman la Reserva de la Biosfera, únicamente 11 mil 364 hectáreas han sido beneficiadas por este programa. Para ello, el GESG creó el Modelo Querétaro, una estrategia que busca mitigar y reducir la huella de carbono que se dan en las industrias, en las empresas, con el parque vehicular y las actividades diarias de las urbes, generando un fondo ambiental que pueda financiar proyectos dirigidos al cambio climático, entre ellos, generar pago por servicios ambientales a los dueños de los bosques.

Es decir, que “si una empresa en su operación emite 50-60 toneladas de CO2 al ambiente, los bosques de la Sierra Gorda, en una o 10 hectáreas, mitigan estas 60 toneladas, capturándolas en sus ecosistemas forestales”.

Detalló que el 97% del territorio que conforma la Reserva de la Biosfera tiene dueño, pues son más de 100 mil habitantes los que viven en las 638 comunidades situadas en esta región, habitantes que, por muchos años, talaron árboles para la venta de la madera o ejercieron actividades agrícolas y de ganadería, de las que más dañan los ecosistemas.

Por ello, a través de este modelo, se ha implementado una estrategia de pago por servicios ambientales a los dueños de estas tierras; es decir, que se les paga para que mantengan su bosque en óptimas condiciones, libres de plagas, de tala, de ganadería y permitiendo la regeneración forestal.