Congreso de Querétaro aprueba la revocación de mandato

Previo a la veda electoral que entrará en vigor este 15 de julio por motivo de la consulta popular a realizarse el próximo 1 de agosto, el Congreso Local de Querétaro aprobó diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado.

Con las votaciones de los municipios de Cadereyta, Colón, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Jalpan, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán; la negativa del Ayuntamiento de Tequisquipan y la nula respuesta de Amealco, Ezequiel Montes y San Joaquín; los diputados locales aprobaron la iniciativa de ley que adiciona y reforma diversas disposiciones a la Constitución local.

Entre ellas, la reforma al artículo 20 constitucional, el cual establece la revocación de mandato, donde se establece que “el poder ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominará Gobernador del Estado, quien será el representante legal de esta Entidad Federativa y entrará a ejercer su cargo el día primero de octubre del año de su elección y su ejercicio durará seis años, su mandato podrá ser revocado de acuerdo a la presente Constitución y demás disposiciones legales vigentes”. 

También se aprobó la iniciativa con la que el Gobernador, Diputados y Municipios podrán realizar en el mes de agosto su informe anual de actividades previo al término de su administración. 

Aunado a ello, se aprobó la reforma en materia de jóvenes, con las que el Estado garantizará que la rectoría del desarrollo económico sea integral y sustentable, mediante la generación de condiciones necesarias que fortalezcan e incentiven el crecimiento económico en este sector, que a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, se garanticen sus derechos y su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural.

El diputado de Morena, Néstor Domínguez, urgió a que estas disposiciones sean publicadas en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” previo a que entre en vigor la nueva administración estatal, de tal forma que el voto de la ciudadanía “no sea un cheque en blanco”. 

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