DIF Municipal de Querétaro instala Procuraduría de Protección al Adulto Mayor
El Sistema Estatal DIF creación de la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor del Sistema Municipal DIF; segunda instancia en el estado que se homologa con la Procuraduría de Atención y Protección Integral a Personas Adultas Mayores del DIF Estatal, y que será de gran beneficio para las y los adultos mayores en situación de abandono o vulnerabilidad.
A la presentación de este proyecto asistieron la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, y su esposa y Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez.
«Nuestros compromisos son reales. Nos comprometemos a hacer las cosas y a hacerlas bien, por eso, nuestro compromiso con las personas adultas mayores ha sido, desde hace cuatro años, más allá del simple discurso, con acciones de atención médica gratuita y a domicilio o el programa Una mano por tu seguridad hemos demostrado que se trata de un sector prioritario que debemos atender”.
Luis Bernardo Nava, alcalde capitalino
Además, el alcalde capitalino, señaló que con la instalación de esta Procuraduría, el Municipio de Querétaro a través del SMDIF, busca velar por los derechos, proteger la salud, la seguridad y procurar una vida íntegra para las personas de la tercera edad, para lo cual se establecerán esquemas de coordinación entre instituciones públicas como la Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal DIF e instancias del sector privado y social.
Por su parte, Arahí Domínguez dijo que las personas adultas mayores son uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad, por lo que señaló que con la instalación de esta Procuraduría se “inicia una nueva etapa de construcción en un Querétaro más justo, donde las personas adultas mayores y sus familias puedan estar tranquilas porque estamos de su lado y no están solas”.
Entre las funciones de la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor del Sistema Municipal DIF se encuentran: proporcionar servicios de orientación y asistencia jurídica; aplicar programas y acciones dirigidas a la protección de esta población en situación de riesgo o desamparo; atender quejas y denuncias sobre violación a derechos humanos; así como coadyuvar con las fiscalías de los distintos órdenes de Gobierno en favor de la protección jurídica de las y los adultos mayores.