Da inicio el primer juicio contra crueldad animal en el estado de Querétaro

Este martes inició el juicio en contra del responsable de la muerte de los perros rescatistas queretanos, Athos y Tango, quienes fallecieron envenenados en junio del 2021; Se trata del primer juicio en contra de la crueldad animal llevado a cabo en Queretaro. 

Al exterior de los  juzgados de oralidad penal, mientras se llevaba a cabo el juicio, Organizaciones protectoras como “Patitas adoptables”, “Zadrigman”, y ciudadanos se dieron cita en el lugar para presenciar el juicio y manifestarse en pro de la justicia por los animalitos. 

De acuerdo con Lennyz Meléndez, fundadora de la asociación Patitas Adoptables, el responsable de la muerte de los perritos únicamente quiere pagar lo que valen las dos razas de caninos, sin embargo la abogada de Edgar, quien fuera dueño de los lomitos, Mónica Huerta, está exigiendo que se castigue y se haga justicia, pues se trataba de seres vivos y no tienen un valor monetario. 

“Él quiere pagar lo que valen esas dos razas de perros, y lo que la abogada defensora está pidiendo es cárcel, porque al final no podemo evaluar dos vidas, son seres, no tienen un valor, no son cosas; además ellos en especial eran rescatistas (…) no podemos monetizar cuántas vidas hubiera salvado”

Lennyz Meléndez, fundadora de la asociación Patitas Adoptables.

Por su parte, Zadrigman, un personaje de Morelia que concientiza a niños y adultos sobre los derechos de los animales, señaló que el inicio de este juicio se trata de algo histórico, pues seguramente otros estados lo vayan replicando. 

“Yo creo que sería algo histórico porque lamentablemente el maltrato animal aquí en México es algo muy normal y si se empieza a castigar, las personas ya van a pensar si hacerlo o no (…) es el comienzo de una nueva era, yo creo que los animales merecen ese respeto”

Zadrigman. 

Alejandra Angulo, una de las dueñas de Athos y Tango, quien empezó el proyecto de los perritos rescatistas junto a Edgar Martínez, pide que el caso no quede impune y que sean reconocidos como seres vivos y haya justicia por su muerte. 

Este es el primer caso judicializado de este tipo, pues es el primero en el país que llega a juicio por un tema animalista. El imputado podría hacerse acreedor a entre 4.5 a 7.5 años por cada perro, lo que quiere decir que en total podría  obtener entre nueve y 15 años de prisión.

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