Se han hallado en México más de 5 mil fosas clandestinas desde 2007
Una investigación realizada por Efraín Tzuc ha arrojado resultados alarmantes en relación con los entierros ilegales en México. Desde el año 2007, se ha observado un notable aumento en estas prácticas clandestinas.
De acuerdo con los datos recopilados, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han identificado al menos 2,864 fosas clandestinas en todo el país, la mayoría de las cuales se encuentran en estados como Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
Este informe revela que México enfrenta una situación crítica en cuanto a desapariciones, con más de 111,500 personas reportadas como desaparecidas. A este dato, se suma la perturbadora cifra de 5,696 fosas clandestinas descubiertas en 570 municipios a lo largo del país, aproximadamente una por día desde 2007, año en el que se intensificaron los enfrentamientos con la delincuencia organizada.
Es importante destacar que el aumento significativo en la localización de estas fosas clandestinas ha ocurrido durante la administración del presidente López Obrador, incluso durante los años 2020 y 2021, que fueron marcados por restricciones de movilidad debido a la pandemia de COVID-19. Hasta abril de 2023, más de la mitad de las fosas clandestinas registradas se descubrieron en este período.
En 2018, Quinto Elemento Lab publicó el primer mapa del país que detallaba la ubicación de estas fosas clandestinas, utilizando datos proporcionados por la fiscalía general. Estos lugares se han convertido en parte esencial de la búsqueda de miles de familias que, desesperadamente, excavan la tierra en parajes inhóspitos, a menudo arriesgando sus vidas, en busca de sus seres queridos desaparecidos.
Desde finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón desplegó a las Fuerzas Armadas para enfrentar directamente a los grupos del crimen organizado, las fosas clandestinas se han multiplicado, extendiéndose por gran parte del país y abarcando hasta el 23 por ciento de los municipios a nivel nacional.
Este alarmante aumento en los homicidios y desapariciones en México ha llevado a Amnistía Internacional a calificar la militarización de la seguridad pública como «desastrosa». Además, los perpetradores, junto con algunas autoridades estatales y municipales cómplices, están recurriendo a métodos cada vez más crueles para deshacerse de los cuerpos de las víctimas, como el uso de ácido o la incineración de los restos óseos, con el objetivo de evitar su identificación.