UAQ impulsa iniciativa nacional para fortalecer la protección de personas adultas mayores
• En México viven más de 15.1 millones de personas de 60 años o más; casi la mitad enfrenta condiciones de pobreza.
Ante el crecimiento de la población adulta mayor y los retos que esto implica, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de su Facultad de Derecho (FDe), presentó ante el Senado de la República una propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de reforzar su protección frente a distintos tipos de violencia y vulneración.
Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Fundación “Siempre Habrá un Milagro”, surge como respuesta a problemáticas recurrentes como el maltrato, abandono, despojo de bienes y discriminación, situaciones que colocan a este sector en una condición de alta vulnerabilidad.
El director de la Facultad de Derecho, Dr. Edgar Pérez González, destacó que, aunque actualmente existen disposiciones legales en la materia, es necesario robustecer el marco jurídico para garantizar una protección más efectiva, integral y con enfoque en derechos humanos. En este esfuerzo, también participó la Dra. Alba Aurora Olvera Bustamante, investigadora y docente de la misma facultad.
La propuesta contempla la actualización del catálogo de infracciones y sanciones, incorporando nuevas formas de violencia, como la digital, además de fortalecer los mecanismos legales para asegurar la restitución de derechos a las víctimas. En este sentido, se busca no solo castigar las conductas indebidas, sino también reparar el daño ocasionado.
Asimismo, la iniciativa introduce principios como el interés superior y la perspectiva de las personas adultas mayores, con el fin de garantizar una atención diferenciada y acorde a sus necesidades.
Finalmente, se subrayó que la urgencia de esta reforma radica en la realidad que enfrenta este grupo poblacional en el país, donde millones de personas mayores viven en condiciones adversas y expuestas a diversas formas de violencia, por lo que se dará seguimiento puntual al proceso legislativo con la expectativa de lograr avances sustanciales en la protección de sus derechos.